March 23, 2022 11:49
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América Latina tiene grandes avances en materia de derechos de las mujeres y las diversidades, sin embargo en Guatemala existió la Ley Para la Protección de la Vida y la Familia: una norma de corte conservadora enfocada en el rechazo social y la criminalización que tras la polémica fue archivada por el Congreso. El pasado martes 8 de marzo, 101 de 160 diputados aprobaron la “Ley para la Protección de la Vida y la Familia”, que elevaba de tres a 10 años la pena máxima de cárcel a “la mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause”. También castigaba con prisión de hasta 50 años al responsable de un “aborto o de maniobras abortivas efectuadas sin consentimiento de la mujer” y que causen la muerte de esta. La norma aprobada había reformado el Código Civil para dejar en claro que “se prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo” en Guatemala, y restringió a los centro educativos la posibilidad de enseñar sobre diversidad sexual, entre otras limitaciones para la población LGBTI. Esta ley no solo no protegia a las familias ni a las vidas sino que además fomentaba el odio y la discriminación, poniendo en peligro la vida y los derechos de las personas. Read more
América Latina tiene grandes avances en materia de derechos de las mujeres y las diversidades, sin embargo en Guatemala existió la Ley Para la Protección de la Vida y la Familia: una norma de corte conservadora enfocada en el rechazo social y la criminalización que tras la polémica fue archivada por el Congreso. El pasado martes 8 de marzo, 101 de 160 diputados aprobaron la “Ley para la Protección de la Vida y la Familia”, que elevaba de tres a 10 años la pena máxima de cárcel a “la mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause”. También castigaba con prisión de hasta 50 años al responsable de un “aborto o de maniobras abortivas efectuadas sin consentimiento de la mujer” y que causen la muerte de esta. La norma aprobada había reformado el Código Civil para dejar en claro que “se prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo” en Guatemala, y restringió a los centro educativos la posibilidad de enseñar sobre diversidad sexual, entre otras limitaciones para la población LGBTI. Esta ley no solo no protegia a las familias ni a las vidas sino que además fomentaba el odio y la discriminación, poniendo en peligro la vida y los derechos de las personas.