Columna Carmelo Cortese 7 diciembre 2018

El Ministerio de Seguridad autorizó un nuevo reglamento para el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad federales. Se trata de legalizar y legitimar una ideología y una práctica conocida como “gatillo fácil”. Es el corolario lógico de los casos Maldonado, Rafael Nahuel, Rodolfo Orellana. Es la confirmación de la doctrina “Chocobar”. La tradicional y simplista ideología de derecha niega la complejidad social y divide a todos en “los buenos” y “los malos”. Nosotros somos los buenos, los otros son los malos y no merecen vivir. Los otros ni siquiera son seres humanos que cometen delitos, son delincuentes, son “ratas”. Casualmente en momentos en que Macri, luego de los aplausos de los poderosos de afuera, no tiene nada para ofrecer adentro, para los jubilados ni un bono; recesión económica para todos, y mano dura para acallar la crítica. Una parte de la sociedad, por lo general sectores medios empobrecidos y asustados, aplaude el permiso para matar; y alentados por funcionarios y periodistas, todos exacerbados por los nuevos aires bolsonaristas, quieren eliminar a todos los que consideran sospechosos, peligrosos. En 1998 escribíamos: “Seguridad, ¿un problema policial o social”, afirmando que si la política económica no resuelve las necesidades concretas no es productiva ni modernizadora ni eficiente; y que el Gobierno debería apelar a políticas sociales de asistencia y emergencia ante la incontenible ola de violencia individual, delitos, etc. “Si se defiende el actual modelo (en referencia a Menem-Cavallo) no puede haber sorpresas sinceras ante el crecimiento de la fragmentación y la degradación sociales”. Eso mismo ocurre ahora en que pretende ocultarse con la política de los tiros que en Argentina hay 48% de niñas, niños y adolescentes en pobreza. En Mendoza hay 330.000 menores de 0 a 14 años en esas condiciones. Crece el hambre. Si se buscan ladrones en serio hay que mirar a la cúpula empresarial, incluida la familia presidencial. Hay que mirar a los miles de millones de dólares esfumados por el propio Banco Central. La mejor solución contra el delito no pasa por las balas sino por la cobertura de necesidades básicas: trabajo y salarios dignos, alimentación, vivienda, educación, salud y recreación.