Audiencias Públicas, una clara violación a los derechos humanos del pueblo argentino @FbernalH

Conforme fallo del 18 de agosto, la Corte Suprema de Justicia ordenó al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) convocar a audiencia pública de forma previa a la toma de decisiones en relación al nuevo esquema de precios del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte (Resolución 28/2016) y al nuevo cuadro tarifario de los servicios de transporte y distribución de gas (Resolución 31/2016) por él dictados. Para el normal cumplimiento de sus objetivos, la audiencia pública -y la Corte se encargó de enfatizarlo en su fallo- debe ser precedida de “información adecuada, veraz e imparcial de parte del Estado”, agregando que “La capacidad de acceder a una información con estas características es un elemento fundamental de los derechos de los usuarios, pues ese conocimiento es un presupuesto insoslayable para poder expresarse fundadamente, oír a todos los sectores interesados, deliberar y formar opinión sobre la razonabilidad de las medidas que se adoptaren por parte de las autoridades públicas, intentando superar las asimetrías naturales que existen entre un individuo y el Estado que habrá de fijar la tarifa de los servicios públicos”. El Observatorio OETEC encuentra que dicho prerrequisito fue lisa y llanamente incumplido por parte del PEN, recomendando a los defensores del pueblo, a todas las entidades de defensa del usuario y del consumidor, así como a las restantes organizaciones libres del pueblo, a realizar una impugnación conjunta a la convocatoria a audiencia pública y suspendiendo su realización hasta tanto se brinden todos los elementos que permitan a la sociedad argentina formase una opinión de la “razonabilidad de las medidas que se adoptaren por parte de las autoridades públicas” mediante la determinación de la rentabilidad anhelada por las empresas. Los servicios que ellas prestan lo hacen gracias a la ciudadanía que los demanda y que por ellos paga, sin dejar de olvidar que los recursos que dan vida a dichos servicios -en este caso el gas natural- les pertenecen al conjunto de la Nación y no a las concesionarias. ¿Cómo no evaluar entonces si la rentabilidad es justa o desmedida, sobre todo cuando el costo de la crisis económica deliberadamente provocada por la flamante administración nacional es exclusivamente pagado por las clases populares, carentes de toda posibilidad no ya de gozar de la más mínima rentabilidad sino de vivir dignamente? Read more

Conforme fallo del 18 de agosto, la Corte Suprema de Justicia ordenó al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) convocar a audiencia pública de forma previa a la toma de decisiones en relación al nuevo esquema de precios del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte (Resolución 28/2016) y al nuevo cuadro tarifario de los servicios de transporte y distribución de gas (Resolución 31/2016) por él dictados. Para el normal cumplimiento de sus objetivos, la audiencia pública -y la Corte se encargó de enfatizarlo en su fallo- debe ser precedida de “información adecuada, veraz e imparcial de parte del Estado”, agregando que “La capacidad de acceder a una información con estas características es un elemento fundamental de los derechos de los usuarios, pues ese conocimiento es un presupuesto insoslayable para poder expresarse fundadamente, oír a todos los sectores interesados, deliberar y formar opinión sobre la razonabilidad de las medidas que se adoptaren por parte de las autoridades públicas, intentando superar las asimetrías naturales que existen entre un individuo y el Estado que habrá de fijar la tarifa de los servicios públicos”. El Observatorio OETEC encuentra que dicho prerrequisito fue lisa y llanamente incumplido por parte del PEN, recomendando a los defensores del pueblo, a todas las entidades de defensa del usuario y del consumidor, así como a las restantes organizaciones libres del pueblo, a realizar una impugnación conjunta a la convocatoria a audiencia pública y suspendiendo su realización hasta tanto se brinden todos los elementos que permitan a la sociedad argentina formase una opinión de la “razonabilidad de las medidas que se adoptaren por parte de las autoridades públicas” mediante la determinación de la rentabilidad anhelada por las empresas. Los servicios que ellas prestan lo hacen gracias a la ciudadanía que los demanda y que por ellos paga, sin dejar de olvidar que los recursos que dan vida a dichos servicios -en este caso el gas natural- les pertenecen al conjunto de la Nación y no a las concesionarias. ¿Cómo no evaluar entonces si la rentabilidad es justa o desmedida, sobre todo cuando el costo de la crisis económica deliberadamente provocada por la flamante administración nacional es exclusivamente pagado por las clases populares, carentes de toda posibilidad no ya de gozar de la más mínima rentabilidad sino de vivir dignamente? Read less